miércoles, 30 de noviembre de 2011

Poco pero mío

10) DEMOCRACIA A LA URUGUAYA

Analizando la realidad política actual de Uruguay, su evolución histórica, y su Constitución, es fácil concluir que la creencia generalizada de que vivimos en democracia es, lo menos, cuestionable. Queremos dejar en claro, no obstante, que nos congratulamos de los aspectos democráticos de nuestra asociación política: los uruguayos contamos con elecciones regulares y justas, con libertad de expresión y asociación, y con la posibilidad de abandonar el país cuando nos plazca, temporal o definitivamente. Y, aunque deficientes, nuestra sociedad cuenta con los cuatro servicios básicos que debe prestar el Estado: seguridad, justicia, educación y salud.

Somos más, y perdemos

10.1) La mayoría postergada

Un aspecto crucial de la democracia es el respeto irrestricto de los derechos de todos los ciudadanos. Esto es llamado a veces “el respeto a las minorías”. En nuestro caso, podría decirse que en Uruguay no se respeta a la mayoría. Uruguay es una sociedad de privilegios, dividida en castas visibles. Las señalaremos una vez más, en orden decreciente de privilegio.
En primer lugar están los políticos, divididos a su vez en los parlamentarios y los que no lo son. A los parlamentarios no se les controlan los gastos, ni se les exige el cumplimiento de su trabajo. El PL gasta groseramente, y sin ningún pudor, al tiempo que los servicios básicos del Estado (justicia, seguridad, educación y salud) tienen presupuestos  notoriamente inferiores a los necesarios. Ningún parlamentario, de ningún partido, ha señalado jamás este defecto. Los más responsables tienen algún secretario menos, con lo que, aparentemente, tranquilizan su conciencia. Se legisla poco y mal, y el Parlamento trabaja escasos nueve meses en el año[i], durante los cuales se atiende primero lo accesorio y luego, tal vez, lo medular[ii]. Por otra parte, la justicia deja de ser ciega cuando de políticos se trata, debido a su falta de independencia funcional y económica. Los errores de los políticos se dirimen en la prensa, y el correspondiente proceso rara vez desemboca en la mínima pena que significa su renuncia y/o retiro de la actividad política.
En segundo lugar están los empleados públicos. Su trabajo y remuneración están garantidos de por vida. La forma en que llevan a cabo su tarea no incide en absoluto en su ingreso o estabilidad laboral. No sólo no tienen ninguna exigencia con respecto al desempeño de su función, sino que tampoco tienen control alguno en el uso de su posición para fines personales. Esto determina la curiosa situación de que, dentro de este grupo de privilegiados, encontremos también a los más postergados. La cultura organizacional del Estado favorece al que incumple y castiga al que cumple (esto es generalizado en el país, por otra parte). Así, aquellos que se comprometen responsablemente con su función se encuentran con grandes responsabilidades, mucha carga de trabajo, y bajas remuneraciones. Esta división no sólo se ve a nivel de individuos. Entre los organismos del Estado, los que están a cargo de los servicios esenciales son los postergados.
En tercer lugar es ocupado por aquellos que desarrollan una actividad económica informal. En flagrante violación de la Constitución y la ley, el Estado conciente a los informales, que trabajan sin contribuir a los costos de la organización social del país. Más aún; en ciertos casos, como el gobierno municipal de Montevideo, el Estado fomenta y protege la actividad informal, mostrando un profundo desprecio por los empresarios y trabajadores formales. En este contexto, no sorprende a nadie que los informales sean cada vez más, y los formales cada vez menos.
En el cuarto y último lugar están los empresarios, trabajadores, y demás ciudadanos que, observando la Constitución y la ley, pagan los desproporcionados impuestos que el Estado les exige. Entre éstos también encontramos subdivisiones. Vemos una paradoja del estilo de la que presenta el grupo de los empleados públicos. Tal vez en este grupo inferior encontremos a los más privilegiados: los deudores de la banca estatal, en particular los productores agropecuarios que integran esta categoría. En los hechos, estos empresarios reciben de la comunidad la enorme subvención que significa acceder a cuantiosos préstamos y no tener que pagarlos. El que tiene una panadería, quiebra si le va mal. El que tiene un campo, es rescatado de sus dificultades económicas por la sociedad.


[i] Constitución, artículo 104: “La Asamblea General empezará sus sesiones el primero de marzo de cada año, sesionando hasta el quince de diciembre, o sólo hasta el quince de setiembre, en el caso de que haya elecciones, debiendo entonces la nueva Asamblea empezar sus sesiones el quince de febrero siguiente.
...
Sólo por razones graves y urgentes la Asamblea General o cada una de la Cámaras, así como el Poder Ejecutivo, podrán convocar a sesiones extraordinarias para hacer cesar el receso y con el exclusivo objeto de tratar los asuntos que han motivado la convocatoria así como el proyecto de ley declarado de urgente consideración que tuviere a estudio aunque no estuviere incluido en aquélla. Asimismo, el receso quedará automáticamente suspendido para la Cámara que tenga o reciba, durante el transcurso del mismo, para su consideración, un proyecto con declaración de urgente consideración....”

[ii] Buscando la ley a que hace referencia el artículo 203 de la Constitución (“Los Consejos Directivos de los servicios docentes serán designados o electos en la forma que establezca la ley sancionada por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.”), encontramos literalmente cientos de leyes dedicadas a dar nombre a una escuela o un liceo, o un jardín de infantes. Estimamos que será similar el caso de los nombres de las calles, o los edificios públicos. Creemos que sería más práctico para todos que se hiciera esto en una ley única, preferentemente con periodicidad no menor al año.

El poder: legislativo, ejecutivo, y judicial

10.2) Los tres poderes de Montesquieu

Uruguay, en su Constitución, suscribe de manera expresa y reiterada el modelo democrático republicano de organización social. El elemento principal de esa forma de gobierno es su división en tres poderes independientes: el ejecutivo, encargado de llevar adelante el gobierno; el legislativo, que determina el ordenamiento jurídico; y el judicial, a cargo de garantir que las leyes se cumplan y se apliquen de manera equitativa. Y es el carácter de independientes de estos tres poderes lo que define a la democracia. Si no lo son, el esquema pierde su sustento.
La calidad de independientes supone que estén en un plano de igualdad. Si bien es corrientemente aceptada la idea de que nuestra organización política es presidencialista, en nuestra opinión el PL está claramente por encima de los otros dos.
Constitucionalmente, el PE depende del PL para designar a las autoridades de instituciones públicas cruciales para su desempeño: las empresas públicas[i], incluyendo al BCU, de acuerdo a los artículos 1[ii] y 14[iii] de la ley 16.696 (carta orgánica del BCU). En igual situación están los órganos directivos de los servicios de enseñanza pública, según los artículos 5[iv] y 8[v] de la ley 15.739 (ley de emergencia, de creación de ANEP). También necesita de aprobación parlamentaria para la remoción de dichas autoridades[vi].Y, más allá del orden jurídico, es visible la preponderancia del parlamento en la vida política nacional (comentario al margen: más visible aún es la primacía del aparato burocrático).
Mucho más grave es la situación del poder judicial en sentido amplio, integrado por el PJ y el TCA. La justicia uruguaya es incuestionablemente dependiente de los otros dos poderes, tanto en su administración como en su presupuesto. El PL designa a las autoridades de la justicia44,45, y, a propuesta del PE, a los fiscales[vii]. El PE primero, y el PL después, determinan el presupuesto de la justicia del país. La falta de un presupuesto apropiado para la justicia menoscaba fuertemente la calidad de nuestra democracia. Es generalmente conocido y aceptado que los procesos judiciales son tan largos que desestimulan a los contribuyentes interesados en defender sus derechos. Lo que, obviamente, determina que esos derechos dejan de estar garantidos por el ordenamiento social existente. Para ser justicia, la justicia debe ser en forma, y también en tiempo. Caemos en lo dicho reiteradamente: el orden social uruguayo favorece al que hace las cosas mal, y perjudica al que las hace bien. Cuando la justicia no funciona, resulta buen negocio incumplir con las obligaciones asumidas.



[i] Constitución, artículo 187: “Los miembros de los Directorios y los Directores Generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso primero.”
[ii] “(Naturaleza jurídica). El Banco Central del Uruguay, creado por el artículo 196 de la Constitución de la República, es un servicio del dominio comercial del Estado, organizado bajo la forma de Ente Autónomo y dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera en los términos de la Constitución y de la presente Ley Orgánica, sus complementarias y modificativas.”
[iii] “(Integración del Directorio). El Directorio del Banco estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente y un Director que serán designados, conforme al artículo 187 de la Constitución de la República, entre ciudadanos de reconocido prestigio y experiencia en los asuntos financieros. Las disposiciones de este artículo regirán a partir del 1º de marzo de 1995.”
[iv] “Créase la Administración Nacional de Educación Pública, Ente Autónomo con personería jurídica que funcionará de acuerdo con las normas pertinentes de la Constitución y de esta ley.”
[v] “El Consejo Directivo Central se compondrá de cinco miembros que hayan ejercido la docencia en la educación pública por un lapso no menor de diez años. Serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuestas motivadas en sus condiciones personales y reconocida solvencia y acreditados méritos en los asuntos de educación general, por un número de votos equivalente a los tres quintos de sus componentes elegidos conforme al inciso primero del artículo 94 de la Constitución.”
[vi] Constitución, artículo 197: “Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directores o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados.
En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198.”

[vii] Constitución, artículo 168: “Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde:
...
    13) Designar al Fiscal de Corte y a los demás Fiscales Letrados de la República, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes....”

Ahora son tres

10.3) Tres partidos tradicionales

Sobrevolemos, en forma sui generis y esquemática, la historia política de nuestro país. Liberados de los españoles, los uruguayos nos vimos inmersos en luchas de bandos, que llegaron a un empate el 8 de octubre de 1908. Uno de los bandos representaba a la capital, el otro al interior del país. Uno era urbano, el otro rural.
Las concesiones que el bando metropolitano, originalmente dominante, debió hacer al bando rural, determinaron, por un lado, la actual división geopolítica del país. Las intendencias son la forma de participación del medio rural en la administración pública. Se establece una división más o menos arbitraria en departamentos, seguramente de acuerdo a la fuerza que en el momento tuvieran los caudillos locales.
Esto es complementado posteriormente con una tajada de la recaudación fiscal, aunque discrecional del poder central28.
La otra gran concesión fue la participación de los integrantes del bando rural en los empleos públicos. De ahí la gran presencia de los funcionarios en la Constitución: la realidad política de principios del siglo XX establecía la necesidad de estabilidad en los cuadros públicos, para evitar que cada gobierno cambiara a todos los empleados para poner a sus correligionarios.
Esta solución fue válida y lógica en su momento, y tuvo la importantísima consecuencia de pacificar al país. No terminó, no obstante, con la preponderancia de la capital.
Como tampoco la nacionalización de los servicios públicos terminó con la dependencia de potencias extranjeras ni con la economía extractiva. La consolidación del estado batllista que dicha nacionalización significó, consolidó también la cultura nacional estatista, del ciudadano al servicio del Estado, del Estado como productor, empleador, padre, protector, y regidor de los destinos de los ciudadanos.

Usando terminología en boga, Uruguay nunca logró siquiera un grado mínimo de descentralización. El partido urbano barrió para adentro, absorbiendo a los cuadros principales del partido rural. El partido rural terminó siendo un partido metropolitano, con discurso ruralista. El país vivió una profundización del centralismo (usamos ahora terminología decimonónica). Sirviéndonos de la perspectiva de Ortega y Gasset[i], podemos afirmar que nuestro país no es más que una ciudad-estado. Un territorio al servicio de una ciudad, o, más estrictamente, un puerto. Esta situación está graficada de manera un tanto cómica en el trazado de las carreteras nacionales, y de las hoy en desuso vías del tren: todos los caminos conducen a Montevideo.

Estos dos bandos dieron origen a sendos partidos, hoy llamados tradicionales, que diseñaron un sistema electoral tendiente a perpetuar su hegemonía conjunta desde la capital. Otros partidos que surgieron en el correr de nuestra historia fueron siempre de la metrópolis. Y, hasta 1970, los partidos “no tradicionales” fueron marginales en su caudal electoral.
En ese año surge el Frente Amplio, no un partido sino una coalición de partidos de izquierda, que presenta un crecimiento sostenido hasta transformarse, con el fin del siglo, en la principal fuerza política del país. Dicha fuerza, si bien lucha contra un estatuto electoral adverso, basa su desarrollo político en la ventaja que le da su calidad de netamente montevideana.

En términos históricos, podemos concluir lo anteriormente esbozado: el mapa político uruguayo es copado hoy por partidos tradicionales, en el sentido de urbanos, metropolitanos, centralistas, y estatistas. El sistema actual fue creado por los dos iniciales, pero hoy es defendido a capa y espada por los tres: todos ellos quieren un Estado preponderante, capitalino y fuente principal de empleo por lejos. El tercer partido tradicional, el advenedizo, quiere acceder al control de un Estado dominante. Encontramos su postura como totalmente razonable, y, en el marco de esta lógica histórica, la vemos también como justa. Aunque, claro, inconveniente para los ciudadanos uruguayos.


[i] Ortega y Gasset – “La rebelión de las masas”

Descentralización centralizada

10.4) Centralismo, “descentralización”

Es muy significativo el hecho de que jamás haya surgido una fuerza política de neto corte rural (por oposición a capitalina), o provincial. Tal vez no a nivel de un departamento aislado, pero sí era esperable la aparición de una fuerza política que representara los intereses del norte del país (al norte del Río Negro); o del oeste del país (la cuenca del Río Uruguay); o del este del país, con un énfasis en el turismo y liderado por el departamento que tal vez ha sido el más exitoso del interior: Maldonado.

También llama la atención la ausencia casi total de temas departamentales en la actividad visible del parlamento. Cada departamento tiene al menos dos diputados que lo representan directamente. Su actividad, sin embargo, es siempre en el marco de una bancada, que actúa al servicio del partido, que es centralista. Si la representatividad departamental funcionara debidamente, los diputados del departamento deberían abocarse mayoritariamente (si no exclusivamente) a defender los derechos de su departamento. Imaginemos un departamento con tres diputados, uno colorado, uno blanco, y uno frenteamplista. Esos diputados deberían formar la bancada de ese departamento para su actividad cotidiana, e integrar sus respectivas bancadas partidarias excepcionalmente, para tratar temas nacionales. Y deberían actuar en sintonía con la intendencia del departamento, antes que con su partido. Si estos diputados fueran electos dentro de partidos regionales, este problema desaparecería. Su responsabilidad y fidelidad serían con su región, incuestionablemente.

La falta, en los hechos, de representación departamental en el gobierno central tiene su
origen en la Constitución. La elección de los diputados está estrechamente ligada a la elección de senadores y de autoridades del PE[i]. El elector no puede votar candidatos a  diputado de un partido distinto al de los candidatos a senadores y a Presidente y Vicepresidente que vota. El elector no vota candidatos individuales. Vota una hoja, en la que hay una larga lista de candidatos, que incluye los que aspiran al poder ejecutivo, los que aspiran al senado, y los que quieren ser diputados. Esto podría subsanarse si los candidatos a diputado estuvieran en una hoja aparte, y se autorizara la votación de diputados de un partido, y senadores y autoridades del PE de otro. O, mejor aún, si todas las autoridades departamentales, incluidas los diputados, fueran elegidas en la elección departamental57, permitiendo votar para intendente al candidato de un partido, y para diputados a candidatos de otro partido.

Otro ejemplo del trato negligente a los departamentos, además del trazado ferroviario y carretero, es la ausencia de un puente entre Maldonado y Rocha, en la costa. El mundo parece acabarse en la laguna Garzón. Para acceder a las hermosas zonas balnearias de Rocha, el turista debe hacer una gran vuelta, por caminos poco conocidos y poco atractivos. Como consecuencia, se queda en el hermosísimo Maldonado. En la misma línea, una de las carreteras del centro del país (sin asfaltar) se corta abruptamente en el Río Negro. Si queremos pasar al norte (o al este), debemos hacerlo en balsa.


[i] Constitución, artículo 77, 9º): “La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo y del Presidente y del Vicepresidente de la República, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral, a excepción de los referidos en el inciso tercero de este numeral, se realizará el último domingo del mes de octubre cada cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 148 y 151.
Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para el Presidente y Vicepresidente de la República deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político.
La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales. Las listas de candidatos para los cargos departamentales deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político.”

Ganan, o cambian las reglas

10.5) La reforma constitucional de 1997

Corresponden aquí algunos comentarios sobre la reforma constitucional de 1996, que incluyó la saludable distinción entre elecciones nacionales y municipales. Si bien el cambio fue positivo, trajo aparejadas dos consecuencias negativas. Al crearse una nueva elección para designar autoridades locales, se duplicaron los costos que destina el país a elegir sus autoridades, en un escenario en que los recursos son muy limitados. El segundo corolario negativo, mucho más grave, es que el país pasa de vivir dos años en cinco de campaña electoral, a vivir cuatro. Las campañas electorales son costosas, tanto en dinero como en tiempo. La actividad privada disminuye fuertemente en su transcurso, y la del Estado cambia su foco de la actividad de gobierno a la actividad de elección.
El mismo efecto pudo haberse logrado simplemente permitiendo que en una única elección se votara por separado a las autoridades departamentales. Y, sin ningún costo, pudo haberse establecido que también los diputados pudieran votarse por separado, tanto de senadores y presidencia como de ediles e intendencia.
El aparente objetivo de la reforma constitucional de 1996 es establecer el balotaje, con el fin visible de detener el avance de la izquierda. Se determinó, como agregados menores, la obligación de un candidato único por partido, y la separación de las elecciones departamentales. La referida reforma refleja claramente la vocación de los dos partidos más antiguos de defender su hegemonía y la de la capital.

Derechos limitados

10.6) Otras limitaciones a nuestros derechos

En la propia Constitución encontramos una serie de limitaciones a los derechos del ciudadano. Si bien pueden considerarse menores en comparación con las señaladas en los párrafos anteriores, son también importantes. Muchas de ellas han sido señaladas en capítulos precedentes de este trabajo.

La Carta Magna (y la legislación en general) aparece como redactada por y para abogados. Eso está determinado por el hecho de que el país fue dirigido siempre por abogados (¿qué Presidente elegido constitucionalmente no lo fue, si excluimos a algunos militares de los primeros tiempos?). La nación debe muchísimo a los abogados. Les estamos muy agradecidos. Eso no obsta a que creamos que la legislación debería ser más clara, más concisa, menos circular, y contener menos jerga judicial en su lenguaje. La Constitución, en particular, debería ser más breve, debería incluir definiciones de muchos de los términos o conceptos que maneja, debería ceñirse estrictamente a los aspectos generales del orden social adoptado por la nación.
Una legislación difícil de entender hace más necesaria la participación de los abogados en los procesos judiciales. Esto está reforzado por la obligatoriedad de la participación de un abogado en todo proceso legal, sea judicial (ante el PJ) o administrativo (ante cualquier repartición del estado, o, en última instancia, ante el TCA). Como ya señalamos, la otra cara de esta situación es que los abogados tienen más derechos que los que no lo son, ya que pueden litigar por su cuenta.
El sufragio no debería ser obligatorio. Es un derecho, no un deber.
Tampoco debería haber una edad mínima para ser diputado, senador, o titular o suplente del PE[i]. La mayoría de edad debería ser la misma para todas las actividades del ciudadano. Hoy, un ciudadano de 20 años tiene menos derechos que uno de 25.
Al igual que las autoridades del poder judicial en sentido amplio, el BCU debería tener autoridades electas, y por un período diferente al de gobierno, para dar garantías al manejo de la moneda nacional.


[i] Constitución, artículo 90: “Para ser Representante se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cinco años de ejercicio, y, en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad.”
    Constitución, artículo 98: “Para ser Senador se necesita ciudadanía natural en ejercicio o legal con siete años de ejercicio, y, en ambos casos, treinta años cumplidos de edad.”
    Constitución, artículo 151: “El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral por mayoría absoluta de votantes.
....
Sólo podrán ser elegidos los ciudadanos naturales en ejercicio, que tengan treinta y cinco años cumplidos de edad.”

martes, 29 de noviembre de 2011

Si no te gusta, son dos platos

10.7) La Universidad de la República

Siendo el gasto injustificado del Estado el eje de este trabajo, no podemos evitar un comentario sobre la Universidad de la República (UROU).
La Constitución, en su artículo 203[i], consagra la existencia e independencia de la UROU. De acuerdo a lo expresado antes, consideramos que el sufragio universitario no debería ser obligatorio[ii].

Tal vez la característica más sobresaliente de la universidad pública uruguaya es su gratuidad. Ella no proviene de la Constitución, sino de la ley12.549[iii], que establece su carta orgánica. La enseñanza terciaria gratuita es considerada generalmente como un orgullo, un activo importante de la nación. Es uno de los pilares de la cultura estatista de nuestro país. Esta peculiar situación es percibida en el ideario nacional como un beneficio para los sectores de menos recursos, que les hace posible llevar adelante una carrera universitaria sin disponer de los medios necesarios para pagarla.
Desde una óptica liberal (inobjetable, por otra parte, desde un punto de vista estrictamente pragmático), la gratuidad de la UROU es perjudicial para la sociedad. El objetivo social que pretende cumplir es totalmente rebatido por los hechos. Los estudiantes universitarios son, en mayoría abrumadora, provenientes de las clases pudientes (alta y media alta). Aquél que no dispone de los recursos financieros para pagar una carrera universitaria, tampoco dispone del tiempo necesario, o de los medios requeridos para traslado, libros, materiales. O, incluso, de los antecedentes curriculares exigidos para su ingreso.
Como la UROU es financiada con impuestos, el resultado de esta situación es que los pobres subvencionan a los ricos. El IVA que se cobra a los estratos económicos bajos de la sociedad es usado, en parte, para pagar los estudios de los integrantes de los estratos altos.
Otro aspecto negativo de la enseñanza terciaria gratuita es que propicia una mala distribución de los recursos humanos de la nación: una superpoblación de universitarios, distribuidos entre las distintas carreras sin ningún criterio. Y la correlativa ausencia de ciudadanos con calificaciones técnicas de nivel intermedio; o simplemente de gente dedicada desde el inicio de su vida adulta a la actividad económica por cuenta propia, como trabajadores independientes, o como empresarios.
Esto es fomentado también por la ausencia de exigencias curriculares en la UROU. En nuestro país se puede ser universitario de por vida (lo cual tiene, también, algún beneficio económico, como el descuento en el transporte urbano). No hay un límite de tiempo para terminar cada año lectivo, ni un límite de veces para salvar una determinada materia. Felizmente, este aspecto no parece establecido ni constitucionalmente ni legalmente. Es la costumbre la que determina que se pueda estudiar una carrera ilimitadamente.
Un aspecto por demás irritante de la universidad gratuita es la nefasta asignación de recursos. Uruguay tiene una educación primaria deficiente. Los 70 millones de dólares anuales que cuesta la UROU podrían y deberían usarse en reforzar el presupuesto de las escuelas. Además de su absurdo en términos prácticos, resulta bochornoso que la sociedad emplee una porción importante de su presupuesto educativo en regalarle los estudios terciarios a los hijos de los ricos, cuando el sistema público de educación primaria tiene enormes carencias.

La independencia de la UROU es funcional, pero no presupuestal. La dilapidación de recursos económicos y humanos que su forma de funcionamiento genera es, entonces, responsabilidad del PE que presenta su presupuesto, y del PL que lo aprueba41. Disponiendo, como ha sucedido en los gobiernos posteriores a la última dictadura, de las debidas mayorías parlamentarias, el gobierno tiene la posibilidad de cambiar esta nefasta situación. Podría modificarse la ley, y establecer que la universidad no sea gratuita. Sin llegar a este extremo, podrían establecerse condiciones a la UROU al asignársele un presupuesto. La primera de ellas: exigencias a los estudiantes, traducidas en un plazo para cumplir cada año lectivo (digamos dos años), y un máximo de veces que puedan reprobar una materia (digamos cuatro).
Esto no es una prerrogativa del PE y el PL, sino su obligación con los contribuyentes. Por tanto, éste es otro aspecto en el que actuaría la ACD que esperamos ver en funcionamiento en el corto plazo. Y la razón de que los sucesivos gobiernos hayan descuidado esto no es filosófica. Subyace el tema central de este trabajo: el presupuesto de la UROU se gasta mayoritariamente en sueldos, sueldos que el gobierno no quiere dejar de pagar por su temor al aparato burocrático y al cuco del guarismo oficial de la desocupación.
Complementariamente, el Estado debería establecer un plan de becas serio y completo, que asegurara que aquél que lo merece pueda estudiar de manera completamente gratuita, incluyendo transporte, libros, materiales, alojamiento. Esto sí sería beneficiar a los estratos de menores recursos.

El Hospital de Clínicas (el hospital universitario) es otro aspecto curioso de la estructura del Estado uruguayo. Al igual que el hospital del BSE, no tiene ninguna razón de ser fuera del MSP, y debería pasar a su órbita sin dilaciones.


[i] “...
      El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que la integran, y los Consejos de sus órganos serán electos por docentes, estudiantes y egresados, conforme a lo que establezca la ley sancionada por la mayoría determinada en el inciso anterior.”
[ii] Ley 15.739, artículo 29: “Para los actos y procedimientos electorales previstos por los artículos 17, 33, y 36 de la Ley Orgánica de la Universidad 12.549, de 16 de octubre de 1958, el sufragio será obligatorio y secreto.”
[iii] Artículo 66: “Gratuidad de la enseñanza.- La enseñanza universitaria oficial es gratuita. Los estudiantes que cursen sus estudios en las diversas dependencias de la Universidad de la República no pagarán derechos de matrículas, exámenes, ni ningún otro derecho universitario. Los títulos y certificados de estudio que otorgue la Universidad de la República se expenderán gratuitamente, libres del pago de todo derecho.”

Versión libre

11) LIBERALISMO A LA URUGUAYA

Asistimos, a mediados del 2002, al “fracaso del modelo”. Así lo llaman los de izquierda, y no les falta razón. Pero no hablamos del modelo liberal, sino del modelo liberal uruguayo.

Los últimos cuatro gobiernos fueron constitucionales, fueron de la coalición de los partidos históricos, y fueron de discurso liberal. Apuntaron con éxito a equilibrar las cuentas fiscales, y así abatir la inflación.
La primera impresión es que, en efecto, esta política está en línea con el pensamiento económico liberal. Sin embargo, lo realizado fue mucho menos que una aplicación a medias del modelo liberal. Se incrementaron indiscriminadamente los impuestos “legítimos” (lo que significa simplemente aquellos que no son inflación) y con ellos se sustituyó a la inflación como fuente de ingresos del Estado. Se equilibraron las cuentas fiscales por el lado de los ingresos, con gastos totales del Estado no sólo estables sino crecientes.
El modelo liberal indica algo muy distinto, y hasta opuesto: que el Estado debe gastar sólo lo imprescindible para prestar aquellos servicios esenciales que el mercado no provee, o provee mal.
Por otra parte, el pensamiento económico liberal rechaza de plano los monopolios legales. Y los monopolios son esenciales en la organización política de nuestro país. Y, salvo alguna excepción menor, no dejaron de serlo durante los últimos gobiernos. Lejos de ello, las tarifas de los servicios monopólicos del Estado (agua corriente, luz, teléfono y combustible) son instrumentos esenciales de la recaudación, y su calidad de tales no es en absoluto disimulada.
Otro aspecto esencial en que las administraciones de la coalición fueron y son opuestas al modelo liberal es su acción procíclica. En el período de bonanza que generó la aplicación de políticas antiinflacionarias en nuestros socios y vecinos (Argentina y Brasil), el gasto del Estado fue incrementado proporcionalmente a la mejora de la actividad y recaudación. Si el anterior gobierno hubiera acumulado reservas, la situación de crisis del período 2000-2004 habría sido mucho menos dramática. En crisis, la acción del gobierno es también procíclica, aunque en este caso por necesidad. La actividad cae, pero los impuestos aumentan groseramente. El fisco, desesperado, crea nuevos impuestos, aumenta las tarifas (con impuestos), aumenta los combustibles (con impuestos), sube las alícuotas de los impuestos existentes, y reduce arbitrariamente los gastos deducibles fiscalmente (con lo que desdibuja la esencia de impuestos como el IVA, con efectos regresivos notorios). Y el resultado es, claro, que cada vez recauda menos, y vuelve a iniciar el círculo vicioso del “fiscalazo”: un ajuste fiscal cada dos o tres meses.

Aquel modelo vernáculo

11.1) El abandono del modelo local

A mediados del 2002, asistimos al abandono del modelo liberal “a la uruguaya”. Luego de la escalada de impuestos y tarifas-impuesto, caemos en la nueva medida desesperada de liberar el tipo de cambio. Es decir, agregamos la inflación nuevamente. La consecuencia es que tenemos muchos más y mucho mayores impuestos “legítimos”, y, además, tenemos inflación. Es decir: tiramos por la borda el único logro que la sociedad uruguaya había conseguido con 15 o 17 años de enorme sacrificio. Significativamente, desde el 2002 se dejó de oír la acostumbrada letanía acerca del enorme logro de abatir la inflación.

Esta aplicación sui generis del modelo liberal resultó nefasta. Además de ser fuertemente perniciosa para el país, significó un desprestigio del modelo liberal real. Otra vez, los gobiernos presuntamente liberales trabajando para la izquierda: el descrédito del liberalismo motiva un proporcional aumento del prestigio de los modelos socializantes (léase estatistas).

Hubo una vez

11.2) El abandono del discurso

Y, finalmente, los que fueron los adalides locales del liberalismo, lo abandonan[i]. El espacio liberal estaba vacío en el espectro político uruguayo. Ahora, el discurso liberal está también quedando libre. Si bien nos duele como exvotantes, los liberales celebramos que las cosas pasen a llamarse por su nombre.


[i] El Observador, 16/07/02 – “Lacalle busca otra política económica”

Qué partido

12) UN PARTIDO LIBERAL

El liberalismo es uno, desde Adam Smith[i]. El término neoliberal agrega poco, y a tomado una connotación peyorativa que desvirtúa al verdadero liberalismo.
Mundialmente, el pensamiento político liberal está representado por los partidos liberales, aglutinados en la Internacional Liberal[ii]. La esencia del liberalismo está contenida en tres documentos, a los que adhieren los partidos liberales del planeta. Ellos son: el Manifiesto Liberal de Oxford de 1947[iii], la Declaración de Oxford de 1967[iv], y la Proclama Liberal de Roma de 1981[v]. Más allá de los lógicos matices que determinan las diferencias históricas, culturales y de coyuntura, los liberales del mundo mantienen un ideario común de derechos humanos y democracia, justicia social, tolerancia, igualdad, economía de mercado, libre comercio y solidaridad internacional.

A pesar del discurso liberal mantenido en los últimos 17 años por los dos partidos más antiguos del país (o, al menos, por sus sectores dominantes), ningún partido uruguayo adhiere a la Internacional Liberal.
Esto puede deberse a que el verdadero sustrato de estos partidos es histórico. En el interior de ambos suele observarse un espectro amplio (y, a veces, poco definido) de ideas económicas y sociales. El Partido Nacional y el Partido Colorado son los herederos del bando rural y el bando urbano en las guerras post-independencia, respectivamente. Y así se definen a sí mismos en sus cartas orgánicas y programas de principios. Su definición no es ideológica, sino histórica.

Por lo expuesto en los capítulos anteriores, creemos que un Partido Liberal uruguayo llenaría un espacio político existente pero vacío.
Un sector importante de la población profesa abiertamente (y, a veces, vehementemente) ideas económicas liberales. Puede decirse, incluso, que la mayoría de la prensa nacional se define y se expresa como económicamente liberal.
En tal situación, el Partido Liberal estaría en condiciones de acceder a una participación activa en la política nacional. Una representación legislativa mínima a nivel nacional o departamental, podría tener un impacto importante para lograr los cambios que se reseñan en este trabajo. De acuerdo al cómputo de las últimas elecciones nacionales[vi], los votos requeridos para acceder a una banca de diputado son unos 25.000,  en tanto los votos necesarios para obtener un lugar en el senado son unos 60.000. Teniendo en cuenta que hubieron unos 36.000 votos deliberadamente sin destino (22.000 en blanco más lo que estimamos sea la mitad de los anulados), no parece demasiado optimista aspirar a obtener representación parlamentaria en las próximas elecciones de 2004.


[i] Adam Smith – Una Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones
[iii] www.liberal-international.org/resolutions/47oxford_s.html
[iv] www.liberal-international.org/resolutions/67oxford_s.html
[v]www.liberal-international.org/resolutions/81rome_s.html

Otra vuelta

12.1) Ganar en la primera vuelta

Un aspecto crucial de las elecciones nacionales de 2004 es la posibilidad de que alguno de los candidatos gane en la primera vuelta. En la elección anterior, la única en que se aplicó el régimen con segunda vuelta establecido en 1997, esa posibilidad era inexistente en la práctica.

En el 2004, la coalición de partidos de izquierda tiene posibilidades ciertas de lograr el triunfo sin pasar por la segunda elección. Como se indica en el artículo 151[i] de la Constitución, para que esto suceda debe obtenerse la mayoría absoluta de votantes. Con “votantes”, el constituyente puede referirse a aquellos ciudadanos que efectivamente votaron a algún candidato en la correspondiente elección, o al total de ciudadanos habilitados para votar.
Esta interpretación dista mucho de ser un tema menor. Teniendo en cuenta que los caudales electorales de los dos sectores generales de votantes (de izquierda y “tradicionales”) tienen una diferencia inferior al 9%, y que el total de votos no asignados ronda el 10% (8% de abstención y 2% de votos en blanco y anulados), es muy factible que con una interpretación haya un ganador en la primera vuelta, y con la otra no lo haya.

En principio, esta situación atenta contra las aspiraciones electorales del proyectado Partido Liberal. Sin embargo, esta circunstancia podría determinar un replanteo del escenario político, estableciendo una asociación previa de los partidos más antiguos.

Además de la división visible entre partidos políticos, el electorado nacional se divide ideológicamente en dos sectores: el de izquierda, y el “tradicional”. En las páginas anteriores hay múltiples referencias al hecho de que esta división básica, si bien muy visible, no tiene un claro fundamento ideológico. En realidad, ambos grupos parecen ser mayoritariamente “democráticos” (creen en la existencia de elecciones regulares y en el derecho de migración), y mayoritariamente estatistas (en el caso del sector “tradicional”, al menos en lo que respecta a sus dirigentes).
Esta división es la que determinó el resultado del balotaje en la elección de 1999. Si sumamos los votos de izquierda (el conglomerado de partidos de izquierda y el partido menor denominado Nuevo Espacio, escindido de ese grupo) en la primera vuelta de la anterior elección67, vemos que totalizan un 45% del electorado. El total de votos obtenidos en la primera vuelta por el sector “tradicional” ascendió al 54%.

Si la izquierda lograra presentarse en bloque desde la primera vuelta (hay negociaciones en curso al respecto), sus posibilidades de acceder al poder en esa misma instancia crecerían sustancialmente. En este escenario, parecería natural que los partidos históricos se plantearan una asociación del mismo tipo. Si bien sería algo inédito y muy llamativo, no significaría más que abandonar diferencias del pasado; hoy, los partidos que forjaron este país tienen tan sólo leves matices de diferencia.

La Constitución, en el inciso g) de la Disposición Transitoria W)[ii], establece la imposibilidad de ser candidato en las elecciones internas de un partido y candidato en las elecciones subsiguientes (nacionales y departamentales) por otro partido. Por tanto, de los partidos que planeen asociarse en las elecciones venideras, aquellos que renuncien a la presentación de candidatos dentro de su estructura partidaria verán afectadas sus elecciones internas previas. Deberán, o bien suprimirlas completamente, o suprimir la elección de precandidatos y realizar elecciones sólo de sus autoridades partidarias. En este segundo caso, se presentará el problema de que quien participe en las elecciones internas no podrá participar como candidato en las nacionales. Si bien claramente subsanable, el tema podría motivar largas discusiones internas, que a su vez podrían comprometer el proyecto de comparecencia en común a la elección nacional.

Para resolver el ríspido problema de cuál de los dos partidos históricos renuncia a presentar candidatos, la solución esperable es que ambos lo hagan. Habrá que elegir, entonces, un partido menor, testigo, que sea el vehículo de la candidatura común. En el presente existe un único partido candidato para tal rol: la Unión Cívica (UC). Creemos que un Partido Liberal, respaldado por la Internacional Liberal y vinculado a otros partidos e instituciones liberales del mundo,  podría ser un competidor serio de la UC como partido aglutinador.
Por otra parte, en el caso de que el partido elegido como lema conjunto sea la UC, el Partido Liberal participaría también de esa unión, aportando su posible caudal electoral al sector “tradicional”, que, sin duda, es el que integra dentro de la gran división general.

En conclusión, una concentración en dos grandes líneas desde la primera vuelta no atenta contra las posibilidades electorales del proyectado Partido Liberal. Más aún: le abre una alternativa de mayor presencia e incidencia dentro del sector “tradicional”.


[i] “El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral por mayoría absoluta de votantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República. Si en la fecha indicada por el inciso primero del numeral 9º) del artículo 77, ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría exigida, se celebrará el último domingo del mes de noviembre del mismo año, una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas.
...”
[ii] “Las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única para las Elecciones Nacionales a celebrarse en 1999, así como las que tengan lugar, en lo sucesivo, y antes de que se dicte la ley prevista en el numeral 12) del artículo 77, se realizarán de acuerdo con las siguientes bases:
...
g) Quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas, sólo podrá hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo por otro partido en las inmediatas elecciones nacionales y departamentales.
Dicha inhabilitación alcanza también a quienes se postulen como candidatos a cualquier cargo ante los órganos electores partidarios.”

Fundamento

12.2) Fundar un partido político

Buscando la reglamentación de los partidos políticos, hemos debido remontarnos a las leyes de Reforma Electoral del 9 de enero de 1924, 7812 del 16 de enero de 1925, 7912 del 22 de octubre de 1925, y del 5 de mayo de 1934, que hace referencia al “lema partidario”. Para consultarlas contamos con la valiosa colaboración de la Biblioteca Nacional y la biblioteca de la Facultad de Derecho, dado que las páginas del Parlamento sólo ofrecen leyes a partir de 1935.

El proceso de creación de un partido político no está reglamentado específicamente. Como indica el Dr. Pérez Pérez[i]: “Nuestro ordenamiento jurídico no contiene ninguna definición de los partidos políticos, aunque de los requisitos para su organización y funcionamiento pueden extraerse elementos para una descripción de aquéllos”.
Lo que surge de las leyes consultadas es que un partido político es aquella institución que es titular, o propietaria, de un “lema partidario”. A su vez, el lema es simplemente el nombre bajo el cual el partido desarrolla su actividad política.
La titularidad de un lema se obtiene mediante su registración ante la Corte Electoral (CE). Según la respuesta obtenida al respecto de la propia CE, aquellos ciudadanos que aspiren a disponer de un nombre bajo el cual actuar en política, deben presentar a ese organismo del Estado una solicitud de lema, incluyendo autoridades provisorias, un Programa de Principios, y una Carta Orgánica del proyectado partido político. La Comisión de Asuntos Electorales de la CE resolverá si dichos ciudadanos merecen que se les adjudique el correspondiente lema.

En anexos 6 y 7, respectivamente, se presentan modelos primarios de Carta Orgánica y Programa de Principios para el Partido Liberal.


[i] Alberto Pérez Pérez – “La Ley de Lemas”

Leyendo se entiende

BIBILIOGRAFÍA

Constitución de la República Oriental del Uruguay, de 1997
Decreto 500/1991
Presidencia de Uruguay en Internet - www.presidencia.gub.uy
Parlamento de Uruguay en Internet - www.parlamento.gub.uy
La Reforma Administrativa del Estado – CEPRE
Decreto-Ley 10.388, Estatuto del Funcionario
Ley 17.296, Presupuesto 2001
Ley 16.736, Presupuesto 1996
Ley 13.640, DGI – incompatibilidades
El Observador, 27/05/02
Max Weber - Escritos políticos
Max Weber - Ensayos en sociología
Wayne Dyer - Tus zonas erróneas
George Orwell - Animal Farm (traducido a veces como Rebelión en la granja)
Ley 15.757, Oficina Nacional del Servicio Civil
Oficina Nacional del Servicio Civil en Internet - www.onsc.gub.uy
Ortega y Gasset – “La rebelión de las masas”
El Observador, 16/07/02 – “Lacalle busca otra política económica”
Internacional Liberal en Internet - http://www.liberal-international.org/
Adam Smith – Una Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones
Ley de Reforma Electoral del 9 de enero de 1924
Ley 7812 del 16 de enero de 1925
Ley 7912 del 22 de octubre de 1925
Ley del 5 de mayo de 1934
José Korzeniak – “Curso de Derecho Constitucional 2º”
Alberto Pérez Pérez – “La Ley de Lemas”

BROU - cargos inconstitucionales

ANEXO 2





BROU - CARGOS INCONSTITUCIONALES




(extraído de Presidencia de la República)





(en miles de pesos)
miles



miles
Cargo
Nominal Mensual
Cantidad Total
Remunerac min
Remunerac max
Total   Pesos
Auxiliar de Técnico
$20,92
22
20,92
33,21
595,43
Auxiliar
$15,10
408
15,10
32,01
9.610,44
1er. Asistente Aministrativo
$32,01
1
32,01
32,01
32,01
Enfermero
$16,10
10
16,10
30,85
234,75
Dibujante
$17,16
2
17,16
30,85
48,01
Otra Profesión
$20,92
5
20,92
29,74
126,65
Ayud.de Pmos.Pignoraticios
$17,16
10
17,16
28,68
229,20
Conserje
$19,55
10
19,55
26,70
231,25
Asistente Administrativo
$20,22
9
20,22
26,70
211,14
Tasador de Alhajas
$22,40
5
22,40
26,70
122,75
Encargado de Aire Acondicionado
$26,70
4
26,70
26,70
106,80
Encargado Inst. Electrónica
$26,70
1
26,70
26,70
26,70
Jefe de Instalaciones y Talleres
$26,70
1
26,70
26,70
26,70
Jefe Taller de Electrónica
$26,70
1
26,70
26,70
26,70
Subconserje General
$26,70
1
26,70
26,70
26,70
Ayudante de Ing. Agronomo
$22,58
43
22,58
25,31
1.029,64
Copiloto Aviador
$24,87
1
24,87
24,87
24,87
Ayudante
$15,02
19
15,02
24,02
370,88
Contador de Billetes
$15,60
13
15,60
24,02
257,53
SubJefe de Auxiliar Administr.
$20,22
3
20,22
24,02
66,36
Jefe de Auxiliar Administr.
$24,02
1
24,02
24,02
24,02
Primer Enfermero
$24,02
1
24,02
24,02
24,02
Subconserje
$16,24
39
16,24
23,92
783,12
Subjefe de Talleres Gráficos
$22,40
3
22,40
22,40
67,20
Técnico Instalación Electrónica
$22,40
2
22,40
22,40
44,80
Subjefe de Instalaciones y Talleres
$22,40
1
22,40
22,40
22,40
SubJefe Taller de Electrónica
$22,40
1
22,40
22,40
22,40
Subencargado
$15,02
30
15,02
20,61
534,45
Encarg.de Ayud.Pmos.Pign.
$20,22
1
20,22
20,22
20,22
Encargado
$16,10
61
16,10
19,83
1.095,87
Portero - Limpiador
$15,02
49
15,02
19,68
850,08
1er. Encargado de Talleres Gráficos
$19,55
4
19,55
19,55
78,20
1er. Encargado de Instalaciones y Talleres
$19,55
3
19,55
19,55
58,65
Encargado de Instalaciones y Talleres
$17,72
12
17,72
19,55
223,62
Tasador de Metales
$19,55
2
19,55
19,55
39,10
Operario de Talleres Gráficos
$19,55
1
19,55
19,55
19,55
Operario de Instalaciones y Talleres
$15,37
11
15,37
17,72
182,00
Encargado de Talleres Gráficos
$17,72
5
17,72
17,72
88,60
Ayud.SubJefe Apoyo Informatico
$17,16
2
17,16
17,16
34,32
Ayudante Radio Técnico
$17,16
2
17,16
17,16
34,32
Ayudante Taller Electrónica
$17,16
1
17,16
17,16
17,16
Foguista
$16,62
1
16,62
16,62
16,62
Traductor Público
$16,10
1
16,10
16,10
16,10
Guia de Museo
$15,13
1
15,13
15,13
15,13






T O T A L

804


17.716,45