A desalambrar

Hay, incuestionablemente, un componente cultural fuerte y claro. La mesa fue diseñada con 3 patas, pero sólo le andan 2. Al Poder Ejecutivo no le interesa ejecutar, tanto como al Legislativo no le interesa relegislar o controlar. El sistema electoral requiere modificaciones a los gritos, cambios que nada tienen que ver con el emplaste que logró su único objetivo: obstaculizar el ascenso de la izquierda. Pero me estoy yendo de tema; ya volveremos. Agrego nomás que no es el sistema bipartidista el caduco, sino el tripartidista.

La pata renga es, efectivamente, el Poder Judicial. Como el seudómbudsman, está malherido desde el vamos. La cabeza del PJ (no, no es el peronismo) es designada por el Legislativo. ¡Volvé, Montesquieu! ¿Qué afiebrado bulbo raquídeo concibió tal desvarío?¿Cuotificación partidaria en la Suprema Corte de Justicia, a plena luz del día? ¿Are we kidding?

Pero eso también es otra historia, pequeño Adam. El atavismo cultural que me ocupa no es el grosero pisoteo a los fundamentos teóricos de la democracia moderna, ésa que vive y lucha con sus dos siglos largos de actividad ininterrumpida. No, no, cofrades. El verdadero escollo es el descreimiento general en el ámbito judicial, tomando el término en una acepción amplia que incluye, las más de las veces, pasos administrativos previos. Aún con una innegable cultura democrática, Uruguay no parece creer que el cobro y el uso de la recaudación fiscal y cuasifiscal están también sujetos a la Constitución y la Ley. Los políticos, íconos (aún si despreciados) de una nación carente de figuras o modelos extra fútbol, se encargan de dejar en claro que esa vía no existe. Lo hacen por conveniencia, por ignorancia, por incompetencia, por lo que sea, pero trasmiten explícita e implícitamente que la composición y descomposición de la recaudación y el gasto del aparato estatal es su competencia exclusiva. Incluso (y fundamentalmente) cuando ellos mismos señalan sus propias aberraciones (la desagradable autorreferencia es por motivos estrictamente enfáticos, pagando el debido precio estético). Los trapos se lavan en casa. Se tiran sus piedritas entre pares, con el estruendo de la tribuna, y aquí no ha pasado nada. No crean que olvido la aprendida calistenia de las manifestaciones, las huelgas de brazos caídos y estómagos vacíos, las carpas, los campamentos, las ocupaciones, los desfiles de caballos, zorras, tractores y detractores. Lejos de contradecirme, esto confirma la afirmación: estamos absolutamente convencidos de que sólo accedemos a un pequeño trozo del pastel del ruido en los medios. Buscamos la llave en el zaguán del vecino; ahí hay más luz.

Constitucionalmente hablando

Tomen sus Constituciones, hermanos, por favor. Abranlas ahora en la Sección II. Librito verde, de lomo cuadrado (plano, mejor), bastante más amplia y hermosa que el boletín ensamblado en dos grampas ferruginosas que estudiamos en aquellos lejanos y cómodos días...

Según el libro de cabecera, que, por una vez, desplazamos de la mesita de luz, tenemos derechos. Nosotros, los no políticos, los no funcionarios (huy, perdón), los establecidos, los de cuarta, los ciudadanos de a pie, podemos, según dice, reclamar más cosas que el voto.

Empiezan confiriéndonos el honor, el trabajo (que, sepanlón, está espeshialmente protegido por la ley, y debe ser distribuido imparshial y equitativamente) y la propiedad. Te digo una cosa: con cualquiera de ésos yo ya reclamaría. 1: están pisoteando mi honor con el despilfarro. 2: ¿cuántos son los que quieren trabajar de portero por milky verdolaga? ¿50.000? ¿100.000? Nos da para una banquita en el Senado, mirá vos.  3: lo que me sacan en impuestos injustificados (pido encarecidamente se me informe de la eventual existencia de algún país, en el globo o aledaños, que tenga un IVA igual o mayor que .23) es, indubitablemente, mi propiedad, mi contante y sonante propiedad.

Después, como los cerdos de Orwell, nos hacen saber que somos iguales que todos. Ante la ley, dice. A pesar de que la Carta confiere a la Asamblea General la potestad de interpretarla, oh barbaridad, me voy a permitir interpretaciones, a riesgo de ir en cana por inconstitucional, delitos de lesa nación. Creo que sería injusto, amén de absurdo, no darle un sentido laxo a la palabra ley. Ley: el conjunto de lo que nos rige. Así, ser iguales ante la ley es serlo ante el Estado, esa persona multipersonal, esa Santísima Infinidad que no existe como tal, que necesita de alguna de sus mascaritas para ser. Ese Nosotros que definimos por convención, para poder vivir sin matarnos, es la quintaesencia de la Ley, digo yo.

Entonces, cabasheros, estamos, qué duda cabe, ante una flagrante, continuada y polifacética violación del Texto Magno.

Cacho, vos que trabajás en la contru por cuatro quinientos, jugadazo y muerto de frío en el andamio, no sos para nada igual ante el Estado que el mostro que empalma $ 18.000 por abrir la puerta y llevar papeles y café. Tiene que usar uniforme, ta bien, pero es la única a su favor. Decime la verdad: por $ 13.000 más y la abolición del frío y el riesgo, ¿no te pondrías un conjuntito azul?

Tito, enfermero en el hospital de Melo, me confirmó que se vendría a la capital, sin dudarlo, para ganar 5 veces lo que gana por no trabajar en el Palacio.

Y no se andan con chiquitas a la hora de darnos las debidas garantías. Todo órgano del Estado tiene que respondernos por el daño que nos cause. Y todo ciudadano (ergo también los de cuarta) puede pedir lo que quiera ante cualquiera de las mil caras del ogro filantrópico. Redondito: el BROU, la UTE, el Palacio, que nos devuelvan la platita de todos esos años de exceso de sueldos que hemos pagado sin chistar.

Me permito un pequeño meandro para destacar un par de perlitas de la inconstitucionalidad institucional nacional. Vean ustedes qué sabrosa candidez.

Sin cortapisas ni matices, no señor. Capítulo XX, artículo YY.En ningún caso las cárceles pueden mortificar a los presos. Permitime que me sor-ría. ¿No es inconducente? Esto hace inevitable la inconstitucionalidad. Los presos están siempre mortificados, hermano. Más allá de esa pequeña gracia, lo que sí aparece como rotundamente inaceptable (en los términos de la glorificada Carta) es la sobrepoblación de los institutos de reclusión, moneda corriente, sabido es.

Igual apreciación corresponde a la categórica e ilimitada obligación del Estado de proveer para bobos, locos y lisiados,| Capítulo ZZ, versículo JJ. Regocíjense conmigo, cofrades: ¿qué creen que pasaría si Don Orione y Aldeas Infantiles cerraran sus puertas, como hicieron, en su momento, el Tupí Nambá, ONDA y el Sorocabana?

Civiles a nuestro servicio

Si alguien dudaba aún, al consultar el librito verde la bruma se disipará totalmente. La casta de los efe tiene, enteritos, los 8 artículos que van del MM al HH de la sección Derechos, deberes y garantías de nuestra Carta Magna, dedicados pura y exclusivamente a ellos, y sólo a ellos.

Con la gravedad propia del constituyente, con ese aire digno, doctoral y aristócrata, nos zampan la brillantemente obvia aseveración: la función no existe para el funcionario, no no. Es él o ella (funcionaria) que existe para ella (función), según consta a fojas del numeral RR del Capítulo WW.

Amén de las imperiosas disculpas por el doble uso de la palabrita innombrablemente antiestética, anticastellano y antisocial, debo apuntar las baterías a definiciones. La función: ¿qué es, la función? (hasta en sánguche te lo digo). No existe para el que la desempeña, sí sí, y las ruedas no son cuadradas. ¿Para qué existe? Además de perogrúyico, el tema es infantil. Parece que te estuvieran exponiendo las bases de la suprema verdad, y lo que están haciendo es poner 7 vocablos en fila, con el único efecto de gastar papel, pupilas, neuronas y paciencia.

Y esto, porque no quiero pensar que parten de la base de que la creencia general es que la función sí se crea y existe para el que la ocupa. Y entonces, silbando, con las manos en los bolsillos, espetan: “Miren, che, que la función no es para el efe, ¿eh?”. Rotunda petición de principios, tamaño sofisma conteniendo en sí mismo su anulación. No veas un elefante verde.

Un aspecto que se presenta con cierta regularidad al analizar el resultado del comportamiento humano es la intención. Este parrafeo (él mío) no pretende incluir un análisis teleológico. Me permito decir, nomás, que creo en la bonhomía de los responsables del Texto y sus gafes. Creo, sin certezas, que antes, como ahora, no carecían ni carecen, en general, del afán de favorecer al ciudadano inexistente. Lo que sí les falta es autocrítica.

Si considerabas inevitable poner el tema en la Conti, Doctor, debiste haber hablado de la función. Haberla definido, tal vez. Digo yo, e insisto, porque parecen creer que las funciones no existen para cumplir un cometido necesario para la comunidad al menor costo posible, sino para permitir un mayor o menor ingreso mensual para alguien que tiene o tuvo alguna vinculación con alguien que tiene o tuvo algún vínculo con el poder público. Justo, justito lo que, según la Conti, no hay que hacer. No es que estemos un poquito corridos del eje de la norma. Es que estamos frontalmente contrapuestos a la norma.

Claro que hay excepciones. Muchísimas. La mitad de los casos son excepciones, tal vez. Esos no son efes. Esos son empleados. Esos no son privilegiados, sino víctimas. Esos no son los que se agarran fuerte, sino los que deberían estar clamando, con nosotros, por sus derechos. De manera sistemática, moderna, efectiva. Esos son de cuarta. Esos son nosotros. Esos son contribuyentes.

Después de aclarar que la función no existe para el efe, sino todo lo contrario, el (o la) constituyente se despacha con un par de páginas abundando sobre la inamovilidad de los efe. Término que, claro, no define, y que, según la Real Academia y la más rampante lógica, termina significando “que no se puede mover”. En contraposición encuentran otra palabrita: amovilidad, simplemente pelándole parte del prefijo negativo. ¿Por qué, ilustrísimos, pisoteáis así el castellano?

De inamovilidad vamos a permanencia, de ahí a carrera, de carrera a ascenso y antigüedad. Todos ellos derechos constitucionales. Sin dejar de exponer constitucionalmente los altamente redundantes derechos al descanso, a la licencia, y a enfermarse y por eso faltar al trabajo.

¿Y el resto de los ciudadanos que trabajan? ¿No tienen esos derechos? Y, si los tienen:¿por qué, entonces, no les dedicaron unas paginitas de la Carta a ellos también? A ellos, que son los que pagan...

Para los contra como yo, si rascamos bien encontramos una tímida, tibia, ruborizada referencia a las obligaciones funcionales, a las sanciones por incumplimiento (¡barbaridad!), al traslado (¡cáspita!). El desliz es casi inmediatamente corregido recalcando que no se pueden meter con nadie, en realidad, porque si no les encajamos flor de recurso administrativo, según te explico a fondo en la sección 17.

De ese bloque, el dedicado en exclusividad a los efe, surgen 2 elementos, 2 creaciones de la Carta en torno a ellos. El Servicio Civil, para asegurar  una administración eficiente, y el Estatuto del Funcionario, bajo el leit motif de “el efe para la función, y no al revés”. Y otra vez nos damos contra la vigorosa ingenuidad de los padres de la patria. El Servicio Civil no puede asegurar una administración eficiente. Nada puede hacerlo, a decir verdad. Podrá, eventualmente y con grandes dificultades, contribuir a mejorar la eficiencia del ogro, o, mejor aún, a disminuir mínimamente su ineficiencia. ¿Se puede ser así de naïf? ¿Se puede confundir así una norma con un deseo?

Amén de esto, la ley que cumple los designios de la Carta, creando la Oficina Nacional del Servicio Civil y repitiendo el jocoso cometido que Ella le asigna, le confiere en general funciones de asesoramiento y contralor. A la hora de los bifes, sin embargo, sus atribuciones resultan ser solamente de asesoramiento (esto incluye generación y mantenimiento de información), no vaya a ser que a algún trasnochado se le ocurra ponerse a controlar. Puede también emitir opinión con respecto al cumplimiento de las normas relativas al Servicio Civil, siempre y cuando se lo pida alguna repartición del estado, claro está. Los particulares no le pueden pedir nada, en principio. Pero, como sí puede emitir opinión por su cuenta (digamos que se lo pide a sí misma, en su calidad de entidad pública), podría dignarse y opinar, si se lo pidiéramos, amparándonos en nuestro derecho constitucional de petición.

Parece que el legislador se distrajo y nos dejó otra rendijita. Entre las atribuciones de la ONSC (en puridad, de la comisión que la rige), muy al final, incluye el ser oída en temas de servicio civil, a petición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O sea que si logramos comunicarnos con el TCA, podremos entrar en contacto con la ONSC, y hacerla propinar su opinión autorizada y fundada.

Mis humildes posibilidades de investigación me llevan a creer que el Estatuto del funcionario data de 194ypico. Ni siquiera es una ley. Es un decreto-ley firmado por un tirano de nombre Baldomir y un ministro de instrucción de nombre Cyro, con y (griega).

Quinientas razones

Lo que digo no debe tomarse en forma tajante. Son meras elucubraciones, con el fin de aportar al discurso, y movilizar. Por otra parte, no hay otra cosa que hacer con respecto a estos temas. Todo lo que uno vierta será sólo una opinión. Y, si nos ponemos filosóficos, eso pasa mucho más a menudo de lo que uno corrientemente cree. Aún las afirmaciones científicas se tornan meros enfoques al pasar el tiempo, que pasa a un ritmo cada vez mayor.

El Decreto 500 puede verse como el proyecto estrella, o insignia, de aquel legendario PRONADE, de mítica, hipertiroidea, sempiterna dirección.  Parece haber sido escrito sólo para los ojos de ciertos empleados del Estado. Así, cuando cae en manos indebidas, suena a burla.

En sus prolegómenos, vemos que su razón de ser es la desburocratización. Neologistas, encima. Eso. Eliminar trámites y formulismos en la Administración. Simplificar el funcionamiento administrativo. No contentos con tan rimbombante, grandilocuente objetivo, van mucho más lejos. A vuelta de página afirman positivamente que él, el Decreto 500, agilita (sic) y da flexibilidad al procedimiento, evita trámites y exigencias, ordena, da claridad, elimina caducos controles. Cualquiera que lo lee, se imagina que están hablando de algún otro Estado, en algún otro país. Y, además de la mentira, el autobombo. Me recuerda a los publicistas, que se dicen a sí mismos creativos.

- Vos: ¿qué sos?

- Creativo, ¿y vos?

- Buen mozo, simpático y ganador.

¡Muchacho! Tus bondades, las tiene que cantar otro. Si las cantás vos, queda feo. Digo yo, ¿no?

Y no queda ahí, todavía. Dentro de una larga lista de principios generales, que son casos particulares del servir a los intereses de la comunidad en su conjunto, incluye estas 3 palabras: economía, celeridad y eficacia. ¿Por qué estas afrentas? ¿No les alcanza con escupir en el ojo del ciudadano? ¿Tienen, además, que gritarle en la oreja que lo que están haciendo es, en realidad, ungirlo con aceite y mirra?

La realidad se da de frente contra esta necia acumulación de palabras oficiales. Basta con dar un paseíto por la IMM, o la DGI. A pagar, nomás. A hacer efectivo el depósito por tasa bromatológica, o sacar el ofensivo, mil veces injustificado certificado de al día con impositiva, cuyo inventado costo social estimo en unos milloncitos USD mes. Te pisan, te destratan, abusan de tu paciencia y tu tiempo, y eso a la vez que te están arrancando con violencia una suculenta parte de lo que ganás con esfuerzo, para malgastarla, en su gran mayoría.


Además de hablar para adentro, mirar para abajo, y generar empleos parapúblicos que repartir, este cabashero debió salir un rato de su luminosa oficina, y transportar su humanidad entre los escritorios de las bigotudas. Luego de familiarizarse con el sufrimiento del contribuyente, habría sido mucho más discreto con las loas a su engendro.

Dos paradojas

Que no se me malinterprete. Estoy por la reducción del gasto público. Incondicionalmente. Pero es claro que el Estado debe existir*. Tiene funciones inalienables. Y, curiosamente, muchas veces son ésas las que desempeña de peor grado. Me parece fantástico que me cobren para pagar policías, maestras, enfermeros y actuarias. No sólo acepto, sino que exijo que se les remunere adecuadamente, para poder, así, exigirles a cara de perro.

Apenas aprobado el presupuesto quinquenal, los sindicatos de los empleados públicos postergados deberían abocarse a su estudio, para identificar el despilfarro. Es algo bastante visible, se sabe, pero debe cuantificarse. Hecha la cuantificación, deben presentarse ante la jerarquía superior, la que resuelve sobre el presupuesto.

Los gremios de empleados del MI, del CODICEN, del MSP y del PJ deberían actuar en conjunto, y con un plan de medio plazo. Deberían intentar incidir en el próximo presupuesto nacional, y no en éste. Deberían refregar el absurdo reinante en la cara de la Presidencia y del Poder Legislativo, de modo de que el próximo presupuesto quinquenal los contemple. Va a ser otro Presidente, y otra Asamblea General, qué duda cabe. Pero el agujero en la piedra va a estar muy avanzado.

Porque, además, el trabajo no se limita a la negociación. La organización de nuestra sociedad permite que se exija. Identificados los excesos, habrá que atacarlos con mecanismos legales. Recursos administrativos contra los sueldos excesivos, los cargos innecesarios, las duplicaciones. Reclamaciones en el TCA, y en el PJ. Todo eso durante 4 años, preparándonos para el próximo presupuesto.

Para esto, los empleados públicos deben olvidarse de las consignas. Ellos y sus dirigentes deben apuntar a sus intereses específicos como grupo. Y un punto delicado: deben ser capaces de ir en contra de otros trabajadores. Deben aceptar que son esos trabajadores los que les sacan el dinero del bolsillo. Hay 250.000 tipos y tipas compitiendo por una plata que debería repartirse entre 100.000 . That is the question.

Y, ¡oh paradoja!, los empleados públicos hoy soterrados deben luchar por que el Estado reduzca su gasto. Primero que haya, y después que me lo den. Pueden estar seguros de que en cuanto haya, tendrán. No porque nadie (alguien) se lo prometa, sino porque la lógica será apabullante. Y tampoco deben pretender un salto estrepitoso de sus remuneraciones, cambiando de lugar con los hoy privilegiados. Deben llegar a una remuneración razonable en el transcurso del siguiente período de gobierno. Por decir algo: duplicar su remuneración promedio en 5 años.

Sí, sí, claro que está brava. Hay que laburar mucho, y esperar 10 años para ver los posibles resultados. La vida es dura. Me parece, igualmente, que es mucho mejor que el inconducente desgaste de las últimas décadas.


* De ninguna manera. Esto es de 2002. Estamos en 2012, y cambié de opinión. Diez años, me llevó. No soy de los más rápidos, pero tengo un cerebro y lo uso.

Sin abogado nada

Lamento no ser abogado. Más lamento, debo reconocer, no ser matemático, ni músico, ni tenista, pero eso poco tiene que ver acá. Y mi aspiración de tinterillo no se debe a que añore su muy particular cosmología, ni su estilo. Lo que tienen los abogados y no tenemos nosotros es la facultad de querellar. Los no abogados podemos ser mayores de edad, ciudadanos naturales, capaces, probadamente inteligentes, cultos y educados, pero no podemos llevar a cabo acciones legales por nuestra cuenta.

Otra discriminación, mirá vos. No podemos prescindir del abogado, y tampoco del voto.

Una graciosa manera de transformar derechos en deberes, caballos en camellos.

Tratando de mirar un poquito más adentro, como tantas veces aparece aquel viejo paternalismo pretencioso y moralizante. Ese Estado que procura sustituirnos por nuestro bien. Esa tendencia a la protección no solicitada, que surgió porque alguna vez fuimos ricos. Esa es nuestra cruz, parece. Haber sido ricos. Más habría valido no tener aquel flujo indiscriminado de divisas que tanto nos desnorteó. No es tan raro, el síndrome. Quién no sabe de alguien que recibió una pequeña herencia, puso con ella un negocio, le dieron una chequera con diferidos y, cual mono con navaja, se enterró por el resto de la cosecha. Llevándose unos cuantos de arrastro.

Tampoco seamos hipercríticos. Nadie niega que tiene sentido la participación preceptiva del abogado defensor (deberían, igualmente, darle a uno la chance de defenderse a sí mismo, si así lo decide). Pero exigir un abogado actor, parece más un obstáculo que una garantía. Fijate vos. Mi voluntad está. Con aliados o sin ellos, estoy plenamente convencido de iniciar una batalla legal en defensa de mis derechos por los impuestos que pago. Pero no alcanza con eso. Tengo que conseguir la anuencia de algún abogado. No sólo tengo que pagarle, sino que tiene que estar de acuerdo. La empresa que propongo tiene riesgos. Si bien formalmente el que los corre es el abajo firmante, el profesional actuante expone su prestigio, su nombre, sus vínculos. Hablo con uno, y me dice que no. Hablo con otro, y se niega. Contacto a otra, y me trata de delirante, con una sonrisita de perdonavidas. Visito la “Defensoría de Oficio”.

Pruebo, luego existo

Lo que es evidente para todos, no lo es para un juez. En la justicia se trata de probar, no de decir la verdad. Si podés probar una mentira, ganás; si no podés probar una verdad, perdés. Hasta ahora hemos hablado de verdades a gritos. Hemos abundado sobre situaciones que son conocidas y aceptadas por todos, y que aparecieron en la prensa sin ser desmentidas, y en la boca del Presidente de todos, reiteradamente, y en las páginas www de Presidencia. Partimos de la base de que eso no es suficiente para el señor juez, y que es correcto y comprensible que no lo sea. Nosotros vamos a probar estos extremos ante esa sede.

Otro aspecto particular del ambiente judicial (en sentido amplio) es que no corren los asuntos generales. Para lograr el poderosísimo apoyo del señor juez  tenemos que hablar de algo concreto. No podemos pedir que el juez ordene un cambio de actitud a los que manejan nuestros dineros públicos. Podemos, sí, pedir y conseguir que el señor magistrado confirme y haga efectiva la ilegalidad (inconstitucionalidad incluida) de un cargo, y que consecuentemente ordene su supresión, con el correspondiente ahorro para nosotros los de cuarta.

Vino una vez una señora anglófona que cantó unas cuantas verdades. En el marco de las canciones de la señora de la antípodas otra señora, también economista, propuso en la prensa la supresión de los cargos públicos detentados por una persona en exceso de 1. Léase: si un ciudadano tiene 2 cargos públicos, 1 se suprime. Si tiene 3, 2 se suprimen. Y así. Esto: ¿es general, o es concreto? ¿Podré pedírselo al juez? ¿Me escuchará?

Con esto quiero señalar que no es claro el límite entre lo concreto y lo que no lo es. Debemos esforzarnos por concretar, para hacerle las cosas más fáciles al magistrado, o la magistrada. Pero no debemos olvidar la vía amplia.

2 caminos, entonces. Que no son excluyentes, además. El general, y el particular.